El Informe Nacional de Desarrollo
Humano gira en torno a la deuda histórica que Colombia tiene con lo rural por
haber construido un modelo de desarrollo basado primordialmente en lo urbano. El
primer capítulo del Informe define conceptos básicos y caracteriza el modelo de
desarrollo imperante en Colombia, mientras que el tercer capítulo ejemplifica
muchas problemáticas de ese modelo en la ocupación y el uso del territorio.
Dos
conceptos básicos subyacen a todo el Informe: Lo rural es entendido más allá del concepto demográfico de “el
resto”, todo lo que no es urbano. La ciudad ya no se concibe como separada ni
superior al campo, sino como una continuidad “menos rural” de éste. Lo rural y lo
urbano se complementan gracias a que la ciencia y la técnica han irrumpido en
el campo (agroindustria) y los miembros de la unidad familiar trabajan tanto en
el campo como en la ciudad. El
territorio, a su vez, no se define como un mero espacio geográfico sino como
una construcción social que surge de relaciones entre actores. El Informe
propone una ‘visión de país’ del territorio.
El
modelo de desarrollo rural en Colombia es caracterizado como excluyente e
insostenible. Hace unos 40 años, la modernización comenzó a penetrar el campo
colombiano sin antes resolver fallas de mercado y problemas estructurales del
mismo como la concentración de la propiedad rural, la pobreza y la miseria, y
un orden social y político injusto y excluyente. Desde la apertura económica en
1990, la economía nacional se dejó a merced de la dinámica del mercado, pero la
evidencia muestra que la modernización no ha generado oportunidades para la
población rural ni ha mejorado su calidad de vida. El abandono repentino de la
política proteccionista en los 90s dejó al sector rural desprotegido y atrasado.
El modelo es además insostenible porque amenaza la biodiversidad, el equilibrio
biológico y los recursos hídricos, reduciendo los servicios ambientales que
éstos prestan. Sumado a esto, dos fenómenos particulares del campo colombiano
agravan la situación: narcotráfico y conflicto armado interno. La sociedad
rural es despojada del acceso a la tierra y la propiedad es centralizada en las
élites y el empresariado rural en detrimento de campesinos, indígenas,
afrocolombianos y mujeres. Diversos actores, fundamentalmente inversionistas,
terratenientes, narcotraficantes y grupos armados ilegales sabotean mecanismos
democráticos para defender los derechos de las minorías, como la consulta previa,
y la violencia contra organizaciones sociales las deja sin representación
política.
El
tercer capítulo muestra cómo la ocupación económica y social del territorio se
ha dado de una manera descontrolada y ‘colonizadora’. A pesar de que la
agricultura es una actividad más sostenible, productiva y generadora de empleo
e ingreso que la ganadería (p.91), a 2009 sólo el 22,7% de la tierra apta era
explotada. Mientras tanto, sólo el 53,8% del área usada para ganadería era apta
para esa actividad (p.77). Esto se debe, entre otros, a que la tierra es vista
como un capital que se valoriza con pastizales. La ganadería extensiva,
principalmente bovina, podría liberar cerca de 15 millones de hectáreas para la
agricultura y actividades forestales (p.78) y dar paso a otras actividades
pecuarias como la avicultura, porcicultura y piscicultura. Para aprovechar el
potencial agrícola sin causar daños ambientales y sociales y poner un límite a
la colonización indiscriminada, Colombia debe delimitar su frontera agrícola,
la cual se ha venido presionando constantemente, sobre todo en la Orinoquía y
la Amazonía. Otra actividad subutilizada es la explotación forestal aunque, sin
embargo, la tala de bosques se ha hecho indiscriminadamente sin incentivos
fuertes a la reforestación comercial. El Estado no ha podido defender las zonas
de reserva forestal y ha errado en su política de incentivos. Una alternativa
que ha venido tomando fuerza son los cultivos para biocombustibles: la caña de
azúcar y la palma de aceite. Sin embargo, sobre todo en el caso de la última,
hay muchas opiniones en contra porque, dicen, amenaza la seguridad alimentaria,
la diversidad agrícola, la estabilidad social, entre otros. El Informe no lo
considera un cultivo peligroso en sí mismo, siempre y cuando haya regulación
(p.91). La minería, uno de los sectores más dinámicos, también necesita de
mayor regulación institucional para frenar la excesiva expedición de licencias
y títulos mineros, los daños medioambientales y las prácticas ilegales.
El
mensaje principal del Informe es que, pese a las dificultades, hay lugar para
la esperanza. Su propuesta principal es: ‘más Estado en el mercado y menos mercado en el Estado’. “El Informe
propone una reforma rural transformadora, acompañada de una red social y
académica de reflexión, conocimiento y acción sobre desarrollo rural, en el que
el ordenamiento territorial es un instrumento de la transformación buscada”
(p.18). El Informe propone también una ‘Gestión prospectiva del riesgo’ (p.105)
para hacer frente a los efectos del cambio climático: pérdida de cultivos,
desempleo, enfermedades, etc. A través de este tipo de estrategias, el Estado
satisface su papel como garante del
interés general.
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